La Estancia Riarte se encuentra en Trancas, sobre el límite con Salta. Es un lugar de gran atractivo en el que, para ingresar, hay que recorrer territorio salteño. Varias denuncias cruzadas por la propiedad del latifundio de 20.000 hectáreas provocaron un estado de alerta en el sector productivo de la provincia.
El campo, que es explotado hace ya más de 200 años, era de propiedad de la familia Riarte. En los 50, la estancia fue comprada por Jorge Prat Gay, padre del economista y dirigente político Alfonso Prat Gay. Luego fue adquirida por un grupo de empresarios tucumanos y salteños, antes de 2010 y a partir de allí comenzaron los problemas.
El jueves, el agricultor Jorge Posse, uno de los titulares del campo, denunció haber sido víctima de todo tipo de ataques: robos, daños, amenazas, usurpaciones y hasta tentativa de homicidio. “Lo más grave de todo esto es que con esta situación no podemos producir. Estamos afectando a toda la comunidad de la zona, porque no sobran las fuentes de trabajo”, explicó.
Posse apuntó a Omar López, intendente de la localidad salteña de El Jardín, que limita con el campo, acusándolo de usurpar parte de su propiedad para instalar un establecimiento ganadero propio y, en tiempos electorales, regalar parcelas a terceros. “Lo más grave es que utiliza los recursos humanos y las maquinarias del Estado para hacer todo esto”, aseguró.
El funcionario salteño sostuvo una versión totalmente diferente. “Esas son tierras que pertenecen al pueblo originario Indio Colalao. Son ellos los usurpadores. Tenemos los papeles para demostrar que no estamos equivocados”, aseguró quien además se define como miembro de esa comunidad.
“Es cierto que los móviles de nuestro municipio ingresan a esas tierras, pero lo hacemos porque no podemos olvidarnos de los integrantes de nuestras comunidades. Los tucumanos no hacen nada por ellos”, afirmó el intendente.
El caso de la Estancia Riarte puso en guardia a los asociaciones que representan a los productores tucumanos que, hace tiempo, se movilizan por este tipo de problemas. En el discurso de apertura de la Expo Apronor (Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte), el presidente de la entidad, Luis Gonzalo Blasco se refirió al cuadro de situación. “Hace tiempo sospechamos que el dinero de la política está por detrás de llamativas operaciones inmobiliarias y últimamente se sucedieron usurpaciones en diferentes lugares de la región”, señaló.
El caso de la Estancia Riarte se está ventilando en el fuero penal. El titular de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del régimen conclusional, Mariano Fernández, confirmó que decidieron unificar unas 30 causas de denuncias realizadas por los propietarios del campo. “Uno de los motivos por los que dimos este paso es para evitar que se prescribieran algunas de ellas. Todas están siendo atendidas y tramitadas”, explicó el investigador.