Del día 10 al 12 de setiembre del año 2010 de manera violenta entraban a todas las propiedades antes mencionadas, personal del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas enviados desde Buenos Aires, acompañados de Gendarmería y apoyados por la Defensoría del Pueblo de Tucumán.
Sin mediar palabra alguna con los propietarios hicieron un supuesto “relevamiento” de todas las tierras y elaboraron croquis de todos los lugares o lo que ellos denominaron “cartografía” y que carecen de la firma de algún agrimensor o institución a tales fines que reconozcan como propietarios a la supuesta (falsa) comunidad indígena Lule. La “cartografía” está firmada por la licenciada Andrea Vega coordinadora del área de georreferencial y por el supuesto autodenominado cacique lule, el Sr. Manuel Joaquín Pérez, quien según dice el escrito, “avala” todas las cartografías. ¿Puede el mismo usurpador avalar lo que usurpa?…
Si observa atentamente el lector este croquis (uno de muchos) podrá observar que la zona verde delimitada como parte de la supuesta comunidad indígena comprende parte del Siambón, más expresamente las tierras pertenecientes al Sr. Paz Posse, las tierras del Nogalito en la que habitan más de 120 familias, parte de las tierras del Duraznillo perteneciente a varias familias, parte de las tierras habitadas de Potrero de las tablas y parte de las tierras frente al Nogalito que miran hacia el este, son propiedad privada y que formaba parte del antiguo potrero San Genuario de los jesuitas.
Como es sabido, todas las denuncias realizadas en el fuero federal por los vecinos que vieron avasallados sus derechos constitucionales sobre sus propiedades privadas, nunca prosperaron.
En un acto de total impunidad, el entonces presidente del Inai Dr. Daniel Ricardo Fernández emitió una nota concediendo la posesión de dichas tierras a la supuesta comunidad fundada en el año 2003. Toda persona aunque no sea versada en derecho civil o penal sabe muy bien que determinar la posesión de una propiedad no es potestad de ninguna institución del poder ejecutivo, sino que corresponde al poder judicial después de un proceso de investigación y juicio para demostrar tal posesión.
Es sabido, como muchas cosas que se hacen en la oscuridad, que estas informaciones son desconocidas por los habitantes de estas localidades que siguen su vida normal y apacible de montaña. También es cierto que en esa oscuridad e impunidad, dicha supuesta (falsa) comunidad sigue presentando estos papeles en todos los juicios que tienen, para afirmar ser los propietarios de todas esas tierras.
E
l problema radica en una doble vertiente y que de seguir así podríamos afirmar que no existe el poder judicial en su autonomía constitucional. Están los poderes que se atribuyó el Instituto nacional de asuntos indígenas (INAI) dando una posesión que no les corresponde y que no existe, pero además están los jueces que aceptan estos escritos dándole un valor que no tienen, ya que no se animan a ir en contra del poder político de turno. La mayoría de los jueces no se animan a fallar en contra de lo que el estado político de turno presiona o distorsiona de nuestra constitución.
Al Inai nunca le interesó la verdad. Nunca se hizo presente en estas localidades para constatar la veracidad de lo que afirmó desde el año 2003 esta supuesta comunidad. El Instituto nacional de asuntos indígenas es cómplice desde hace varios años de las usurpaciones en todo el país, de los actos de violencia, quemas de casas, escraches etc… El “patoterismo” se ha convertido en una herramienta que el gobierno de turno a usado a través de muchas falsas comunidades indígenas que resurgieron después de estar extinguidas, como el ave fénix. Por supuesto que todos sabemos que el ave fénix es una leyenda. Esperamos despertar un día y también darnos cuenta de que las supuestas comunidades indígenas, que surgieron en el último tiempo, también son una leyenda. Eso solo podría pasar si la justicia madura y asume su deber de defender la constitución argentina. ¿Puede esto último suceder o también es una leyenda?.