En MEMORIA de María Herrera y su hijo, víctimas de la falsa comunidad Chuschagasta de Tucumán y de la lentitud e inoperancia de la justicia.
¿Son realmente Indios los que se hacen llamar indios Chuschagasta y viven en Chuscha?
El surgimiento de comunidades ya inexistentes en Tucumán por diversos motivos ideológicos, económicos y políticos, es un tema recurrente y conflictivo. El estado ha dado personería jurídica a personas que asesoradas por abogados que lucran de esta situación, dicen ser lo que no son. Lo único que se exige, para que el estado pueda reconocer a un grupo de personas como comunidad indígena, es su auto declaración y un “relato” que narre el origen de los mismos.
Uno de los tantos ejemplos de Tucumán, lo tenemos en el valle de Choromoro, más específicamente en la localidad llamada Chuscha, donde un grupo de vecinos, asesorados por abogados y apoyados en su momento por la fundación Andhes, se autodenominaron indios chuschagastas.
La historia documentada nos dice que esta etnia ya había desaparecido hace dos siglos, pero en vano quienes sufrieron atropellos y usurpaciones, fueron escuchados. Por lo contrario a todo lo pensado, las víctimas María Herrera y su familia fueron atropellados y de ser víctimas permanente de violencias y usurpaciones, terminaron siendo victimarios para la «ciega e interesada» justicia, que avasalló con todos sus derechos.
El valle de Choromoro [1]
Una estudiosa contemporánea, Cristina López de Albornoz, opina que si analizamos las fuentes se puede decir que la designación de esta zona como región o Valle de los Choromoros, mencionada por la fuente documental del período del descubrimiento y conquista alude indiscutiblemente a una parcialidad que tuvo su hábitat en ella. Es probable que tal parcialidad hubiera estado en parte sujeta a encomienda de vecinos de san Miguel de Tucumán y que otro grupo quedaría incluido en la jurisdicción de Salta sin estar encomendados.
En 1607 un pueblo conocido como Choromoros fue encomendado junto con los indios Lule a Alonso de Rivera, en un lugar llamado Paraje de San José entre los ríos Choromoros y Guachipas, en la zona más alta. Desde allí los habrían bajado, siguiendo el curso del río Choromoro, a un nuevo emplazamiento, para mudarlos nuevamente río arriba a una zona llamada Los Hornillos y luego a la ciudad de san Miguel de Tucumán a causa del alzamiento Calchaquí.
Los indios fueron despojados de sus tierras lo que motivó que el protector de naturales, Francisco de Herrera Calvo, reclamando la devolución de las mismas y el amparo del Rey por medio una Real Provision solicitaba que:
“Los españoles sean lanzados y demolidas sus casas y corrales… para quedarse sus defendidos… libres y solos, sin que nadie los inquiete, y puedan gozar de lo que es suyo, sin impedimieto”[2]
En 1677 se ordenó que los indios amojonaran las tierras y que los españoles las desocuparan. Después de muchos estudios el terreno reconocido a los indios, comprendía una zona ubicada entre los ríos Choromoros y Guachipas y se notificó a Magdalena Valdivieso para que desocupara su parte en esta zona.
El valle estuvo poblado además por los siguientes grupos indígenas en el siglo XVI, aparecen los “lule”, del grupo mataco-mataguayo, encomendados a Diego González de Tapia en los asentamientos de Duluxita, Tombostiné, Tactaxita, Payaosita y Malincho. Esta última encomienda de Juan de Espinoza.
En el siglo XVII las guerras calchaquíes motivaron el traslado de diversos grupos de este origen, como los Colalao, repartidos en dos encomiendas, la de Pedro de Avila y Zárate, en el actual Zárate y la de Francisco de Abreu y Figueroa.
Los Chuschas
Los Chuschas (denominados así por sus largas cabelleras), más dóciles que los anteriores, se repartieron en tres encomiendas pertenecientes a José Montoya, Julián Sotomayor y Bernabé Aragón: este pueblo se encontraba adoctrinado en un principio a cinco leguas de Tolombón y luego fueron traladados a la actual región de Chuscha que recibió su nombre en ellos.
La colonización española reagrupó a los primitivos habitantes con los emigrantes del valle Calchaquí y de Esteco, contribuyendo a que el Valle de Choromoros constituyera un crisol de pueblos.
En Tucumán se presentó un problema grave ante la abundancia de encomiendas existentes lo que provocaba la desmembración en pequeños grupos de las comunidades indígenas originarias y trajo como consecuencia la erradiación de los indios de sus asentamientos primitivos, produciéndose un fenómeno de desnaturalización y desarraigo que se incrementó como consecuencia de las continuas luchas con los calchaquíes.
Entre los interrogantes que se plantearon entonces, estaba la pregunta de qué número de indios debía existir para considerar su asentamiento como “pueblo de indios” Según la costumbre, aunque un solo indio sobreviviera a su grupo ocupando la tierra, éste debía ser considerada de su comunidad.
Esto se ejemplifica claramente en el vallo de Choromoros en la zona conocida como Chuscha, hacia 1808 se plantea un pleito por las tierras que pertenecieron a esa comunidad de indígenas, los chuschagasta, que se declararon baldías y realengas.
El gobierno comisionó a Antonio de San Martín para que llevase a cabo una investigación y los testigos afirmaron que desde seis años atrás, el paraje se hallaba despoblado porque se habían extinguido los indios.
En el conflicto intervino el protector de naturales, quien realizó las averiguaciones pertinentes sobre la comunidad. Se tasaron en $50 y su venta posterior se hizo a $75. Fueron sacadas en almoneda pública y se adjudicaron a Nicolás Molina quien las recibió en 1815.
Ante una impugnación que se hizo a esta entrega, se resolvió citar por pregón a posibles indios pertenecientes a la zona, porque de darse, las tierras serías consideradas de su propiedad. Al no aparecer ninguno, el Estado se encargó de su entrega nuevamente a Nicolás Molina.
Hasta el momento de la revolución de Mayo, la relación indio-español se manejó por medio de toda la legislación indiana vigente, a la que pertenecían las ordenanzas de Alfaro. Surgido el nuevo orden, la situación no cambió bruscamente sino que se fue modificando en forma paulatina, conservándose mucho de lo establecido por la Corona en este sentido, hasta bien avanzado el siglo XIX.
El cambio en el tratamiento del problema indígena, trajo aparejado otro en las estructuras de las comunidades indígenas que fueron declinando, llegando muchas de ellas a desaparecer.
La legislación española trató de proteger la propiedad del indio y a éste en su persona. Con respecto a lo primero, se procuró de que mantuvieran sus tierras; en 1599 por Real Cédula se mandaba al Consejo de Justicia y Regimiento de Méjico: “que no se dieran solares en perjuicio de los indios”
Memoria y Justicia.
¿Quién recuerda el arduo trabajo de una simple mujer llamada María Herrera (Mary) por salvar sus tierras del avasallamiento realizado por la actual falsa comunidad indígena y que le costara la vida?
¿Quién se queda con la inmensa mina de lajas que tenían allí y que habían ganado el primer premio a nivel nacional y estaban pronto y con alegría a comenzar su explotación, cuando violentamente le atacaron?.
¿Quién dirá la verdad sobre lo sucedido, cuando el vídeo del ataque feroz que sufrieron, fuera editado y subido a internet, estando en ese momento en la caja fuerte de la fiscalía que llevaba la causa?.
Hoy hacemos memoria de una mujer valiente que entrego su vida luchando por la verdad y la justicia, contra las innumerables falsas comunidades indígenas que surgieron en Tucumán.
[1] “Departamento de Trancas origen y evolución” Silvia Eugenia Formoso y Elena Perilli de Colombres Garmendia.
[2] Archivo Histórico de Tucumán sección Judicial Civil, Serie A, Caja 82 Exp. 29